La reforma de la Ley Orgánica 1/2025, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha introducido una serie de medidas que afectan profundamente a las empresas a la hora de abordar un posible conflicto comercial. En un intento de agilizar la administración de justicia y aliviar la carga de trabajo de los tribunales, la ley exige el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC), tales como la conciliación, mediación y arbitraje, entre otros. Esto implica que los empresarios deberán revisar sus contratos para incluir cláusulas que regulen el qué, cómo y cuándo de estos mecanismos antes de acudir a la vía judicial.
Si bien la intención detrás de la reforma es mejorar la eficiencia y reducir los costes del sistema judicial, la imposición de este tipo de “requisitos de procedibilidad” plantea varios interrogantes y, inevitablemente, genera problemas que requieren un análisis más crítico, especialmente cuando se trata del acceso a la justicia.
Es evidente la repercusión directa que tendrá en el ámbito contractual de las empresas. Al firmar contratos de alquiler, compraventa, prestación de servicios u otros acuerdos, deberán tener en cuenta el coste económico y temporal de pasar por un proceso de negociación formal y pautado. Solo cuando se haya agotado este procedimiento extrajudicial, podrá acudirse a la vía judicial. Este requisito, aunque con buenas intenciones de reducir la litigiosidad, genera una serie de problemas y limitaciones que pueden perjudicar a las empresas.
Principales problemas contractuales de la reforma
En primer lugar, la obligatoriedad de someter cualquier conflicto comercial a conciliación, mediación o arbitraje antes de acceder a los tribunales —o al menos, antes de interponer una demanda judicial— puede limitar la autonomía de las partes al negociar los términos del contrato. Aunque la ley busca promover métodos alternativos de resolución de conflictos, está obligando a las partes a someterse a mecanismos extrajudiciales que no siempre son los más adecuados según la naturaleza de la disputa. Además, según nuestra experiencia, muchas negociaciones no comienzan hasta que la demanda está interpuesta, notificada e incluso con el juicio señalado. En estos casos, la ley impone un proceso previo que podría resultar innecesario y costoso, alargando el tiempo y los gastos del conflicto en lugar de reducirlos.
Adicionalmente, la ley no parece tener en cuenta la carga financiera adicional que implica la inclusión de estos procedimientos extrajudiciales en los contratos. Aunque la conciliación judicial no tiene costes asociados, el arbitraje y la mediación pueden resultar costosos, especialmente si las partes deben contratar árbitros o conciliadores expertos para resolver una disputa. Los gastos derivados de estos procesos podrían superar los de un litigio judicial tradicional y, en muchos casos, no alcanzarían a una resolución efectiva. Si las partes no desean llegar a un acuerdo, se verán obligadas a recurrir finalmente a los tribunales, lo que genera más costes y prolonga innecesariamente el proceso.
La introducción de la oferta vinculante, otro aspecto de la reforma, también merece un análisis crítico. Según esta norma, cualquier oferta realizada por una de las partes durante el proceso de negociación, si es aceptada por ambas, se convierte en vinculante. Aunque esta medida tiene como objetivo agilizar la resolución de los conflictos, puede ejercer una presión indebida sobre las partes, obligándolas a aceptar soluciones que no se ajusten a sus intereses o expectativas, lo que también impactará directamente en las costas judiciales del procedimiento.
La reforma parece responder a un objetivo claro: reducir drásticamente los casos que llegan a los tribunales. La exigencia de estos procedimientos extrajudiciales no es una mera opción, sino una obligación impuesta a las partes, que deben buscar una resolución ágil y definitiva sin necesidad de recurrir a los tribunales. Esta estrategia, aunque comprensible desde una perspectiva de eficiencia, plantea la pregunta de si se está sacrificando la resolución satisfactoria de los conflictos por la rapidez del proceso, especialmente cuando no existe un pacto que satisfaga a ambas partes.
En este sentido, surgen varias dudas: ¿El legislador, con los MASC, está pensando en los usuarios del sistema de justicia —y en la tutela judicial de sus derechos—, o en los operarios judiciales —y en la descongestión del sistema? ¿Son los MASC una medida para mejorar la resolución de conflictos, o una forma de reducir la carga de los tribunales a costa de obstaculizar el acceso a la justicia?
Una visión práctica
A efectos prácticos, la reforma de la Ley Orgánica 1/2025 presenta una serie de riesgos que deben ser tenidos en cuenta por las empresas al confeccionar sus contratos. Para mitigar estos riesgos, los empresarios deben asegurarse de que sus cláusulas se adapten a sus necesidades y circunstancias específicas. Las cláusulas deben ser claras respecto al proceso de resolución de conflictos, los plazos y las condiciones de la oferta vinculante. Es fundamental que las empresas definan previamente sus necesidades —como el tiempo, los costes y los resultados— para redactar las cláusulas de los MASC de manera adecuada.
A continuación, algunos ejemplos de cláusulas contractuales:
- Cláusula de conciliación: "En caso de conflicto entre las partes relacionado con el presente contrato, éstas se comprometen a someter la disputa a un proceso de conciliación ante el Juzgado de Barcelona, en el plazo de 30 días desde el inicio de la disputa. En caso de no llegar a un acuerdo, se dará por terminado el proceso de negociación y cualquiera de ellas podrá acceder a la vía judicial.”
- Cláusula de arbitraje: "Las partes acuerdan que cualquier disputa derivada del presente contrato será resuelta mediante arbitraje vinculante administrado por la codirectora del despacho de abogados GRÀCIACALBET, Erola Gràcia Malfeito. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje del arbitro y el laudo arbitral será definitivo y ejecutable en los tribunales competentes.”
- Cláusula de oferta vinculante: "Cualquiera de las partes, en caso de disputa o conflicto, podrá, bien instar una conciliación judicial (añadiendo la cláusula de conciliación antes descrita), o bien presentar una oferta vinculante que, si ambas partes aceptan, será de obligado cumplimiento.”
* Atención: esta es una propuesta genérica, que no garantiza un resultado concreto, debiendo analizarse caso por caso para poder dar el mejor consejo para la situación concreta.
Conclusión: más vale prevenir que curar
En conclusión, la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, al exigir el paso por un MASC antes de poder acceder al sistema judicial, puede implicar costes adicionales tanto económicos como temporales. Por ello, es crucial que los empresarios revisen exhaustivamente sus contratos e incluyan las cláusulas correspondientes para controlar y mitigar los riesgos, tiempos y costes adicionales derivados de este procedimiento extrajudicial obligatorio antes de recurrir a la vía jurisdiccional. Porque como afirma la sabiduría popular, más vale prevenir que curar.
Por Nadia Milesi.
